Atuneros, piratas, y más cosas

Pocas veces he sentido tanta frustración, por el resultado de una votación, como la que el pasado miércoles me tocó compartir con los representantes de los atuneros que faenan en el Índico. Habíamos intentado que el Gobierno, y en su nombre el Ministerio de Defensa, se responsabilizara de su seguridad frente a los ataques y amenazas de los piratas. No lo conseguimos. Todavía suena en mis oídos la exclamación que profirió espontáneamente uno de los armadores a las puertas del Congreso, una vez finalizado el Pleno: “¿Y ahora qué digo yo a los pescadores que tanta esperanza tenían en que, a partir de hoy pudiera empezar a enderezarse la situación?”

No es, en todo caso, la única interrogante que ha quedado sin responder o ha salido mal respondida de este debate. He aquí algunas más. .

La primera, sobre los evidentes problemas que tiene la administración y, más en general, la política, toda ella, para percibir en tiempo y contenido real lo que ocurre en el mundo y, en concreto, lo que ocurre a sus ciudadanos/as en él. Sólo a raíz del secuestro del Playa de Baquio supimos que piratas de verdad, no sólo los de leyenda y película, sigue habiéndolos también en este siglo XXI. Verbigracia, en el Océano Índico. Tengo, sin embargo, la sospecha de que ni siquiera ese secuestro hizo que se tomaran debidamente en serio, por parte de quien correspondía, los problemas de seguridad, de toda índole, que supuso un secuestro como aquél. Por ejemplo: ¿Alguien hizo, algún Ministerio o algunos de los Ejércitos o fuerzas de seguridad, un informe evaluador preciso de lo que ocurrió en términos de seguridad? Me gustaría conocerlo para creer que existió.

Esta especie de falta de sintonía entre administración-política y sociedad es la que puede explicar también el que, hoy todavía, no hayamos conseguido, como me temo, que el Gobierno haya caído en la cuenta de que los atuneros, lejos de ser una anécdota preindustrial, o un simple dígito más o menos insignificante del PIB son ni más ni menos que uno de nuestros pocos sectores empresariales punteros en el mundo. Y, por lo mismo, que lo que se planteaba sobre los atuneros puede y debe plantearse sobre el conjunto de los intereses empresariales-económicos que se supone que un Gobierno debe defender, allí donde éstos, por razones diversas de inseguridad, conozcan graves riesgos.

La segunda interrogante hace referencia al papel que pueden, y deben, jugar los ejércitos en los nuevos desafíos de seguridad que se les plantean en el mundo a los ciudadanos que los pagan. Ya sabíamos que los “viejos” Ministerios de Defensa tienen ahora interés en denominarse de “Defensa y de Seguridad”. Ahora bien, seguimos sin saber si lo uno y lo otro deben limitarse a los llamados “territorios nacionales”, de los que se excluiría a los barcos, (por cierto contra la Convención de Jamaica y la filosofía con la que se aprobó el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), o si tienen algo que hacer, también, más allá de las viejas fronteras. La primera impresión que ha quedado en la opinión pública y, desde luego, en los propios afectados, a raíz del debate que hemos tenido sobre la presencia o no de militares en los atuneros en cuestión ha sido que la voluntad de los Ejércitos es más bien la del desentendimiento, la de mirar para otro lado frente a este tipo de problemas. Ellos sabrán por qué. No ha beneficiado su imagen.

Una de las “sorpresas” más chocantes que se han llevado los armadores de este debate es que la política es una cosa rara, tan rara que no entienden cómo y por qué se producen giros en el posicionamiento de los grupos de esta forma tan inesperada para ellos. A pesar de que yo personalmente les había insistido repetidas veces lo de “!cuidado con la política¡”, su decepción al final de la votación me llevó a pensar que el baño de “realismo político” que recibieron esa tarde había sido toda una ducha fría inesperada y desagradable.

Creo sinceramente que llevaban razón al sorprenderse y sentir la frustración que sentían.
¿Por qué tenían que suponer que, habiéndose aprobado en su día, prácticamente por unanimidad (salvo dos abstenciones), la Operación Atalanta, dirigida en origen desde el lado español, a defender a los citados atuneros frente a los ataques de los piratas, se iban a ver ahora abandonados por más de la mitad de esa misma Cámara siendo así que ellos siguen sintiéndose igualmente indefensos frente a los mismos piratas? También para nosotros, los de grupo vasco del PNV, ha resultado esto incomprensible. Hasta el punto que nos hemos planteado si, en respuesta consecuente, no deberíamos retirar nuestro apoyo futuro a la Operación Atalanta.

¿Por qué tenían que entender que, siendo así que el Ejército dispone de la UME (Unidad Militar de Emergencias) para atender incendios forestales, terremotos, grandes nevadas, fenómenos meteorológicos diversos de gran magnitud, atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, contaminación del medio ambientes y (no se pierdan) “cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno” ahora era imposible el que ese mismo Ejercito les ayudara a resolver su problema? También para nosotros resultaba incomprensible salvo desde la ausencia de voluntad política de abordarlo.

No se trata, en todo caso, de que seamos los atuneros o los miembros del Grupo Parlamentario Vasco los que “no entendemos”. La confusión, nos consta, va mucho más lejos y alcanza a mucha más gente.

Es toda la política de defensa y de seguridad la que requiere ser repensada. Y el papel de cada Ejercito y de cada Fuerza de Seguridad en ese mundo, dentro y fuera de las fronteras. El debate de estos días nos ha permitido constatar algo que en euskera enunciamos como “zenbat buru, hainbat aburu” (tantas cabezas, otras tantas opiniones). He aquí un breve muestrario: “su seguridad (la de los atuneros en cuestión) es una cuestión suya, de los atuneros”; “si faenan en mares de riesgo, que contraten seguridad privada”; “es el Ejercito de la Marina quien debe hacerse cargo del tema”; “debería encargar Zapatero a la UME (Unidad Militar de Emergencias), ya que tiene atribuciones para ello”; “es la Guardia Civil del Mar la que debe subir a los barcos atuneros”; “debería resolverse en el marco de la operación europea Atalanta”; “debería resolverse como lo han resuelto los franceses (europeos, también)”; etc., etc.

Nuestra moción, que no resultó aprobada, tenía, en origen dos puntos: el primero decía que se sentaran Gobierno y afectados para dar con una solución acordada a un problema que sabíamos complejo y para el que nadie tenía “la solución”. El segundo, que, mientras no se diera con tal solución acordada, se arbitrara una medida al estilo francés: siguiendo con la operación Atalanta y subiendo infantes de marina, dotados del debido armamento, a los atuneros en cuestión.

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About José Ramón Beloki

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